Los CIE en España tienen las condiciones de una prisión, pero al no estar reguladas como tal el atropello de derechos es mucho mayor. Para empezar los trabajadores no son funcionarios de prisiones, si no policías nacionales. También se ha demostrado la insalubridad de estos espacios donde se ha detectado tuberculosis y chinches. Este mismo año 60 internos denunciaron a través de una carta un brote de sarna que no fue detectado por la Policía, una enfermedad erradicada en España desde 1963.  

Además la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha constatado varias situaciones infrahumanas como maltrato y torturas o la falta de mudas, mantas, atención médica, limitación de la comunicación con sus familiares o la prohibición de ir al baño durante la noche. Algunos no saben español y no tienen acceso a un traductor, ni saben quién es su abogado para detener la deportación. Este trato negativo desemboca en consecuencias psicológicas como depresión o tendencias suicidas.

“Se comete una privación de libertades como la de comunicación cuando la ley solo contempla que se prive de libertad ambulatoria” denuncia Clara García, portavoz de SOS Racisme, una de las ONG que trabaja incansablemente contra estos centros. Lo más grave es que aunque el CIE sea el paso previo a la deportación, el 57% de personas son finalmente liberadas ya que se demuestra que sus condiciones en España les permiten vivir de forma legal como la posibilidad de asilo político, condición de refugiado o arraigo en el país.

Por ejemplo, el 43% de los latinos encerrados llevaban más de 7 años en España, algunos tenían menores a su cargo, otros entraron de forma legal pero al perder el trabajo durante la crisis económica perdieron su estatus de ciudadanos. Esto significa que no existen mecanismos para detectar estos casos donde existen alternativas para regularizar la situación de los migrantes o directamente no se contemplan más que a posteriori.

Los CIE en España se empezaron a cuestionar cuando a la lista de vulneraciones de derechos se añadió la muerte de varios internos. En Madrid una mujer, Samba Martine, murió a causa de una meningitis por falta de tratamiento médico y unas semanas más tarde un joven de 21 años, Idrissa Diallo, murió camino del hospital por una insuficiencia cardíaca. Después de su muerte algunos de sus compañeros dijeron que Idrissa había pedido atención médica ese mismo día por la tarde pero la Policía Nacional no llamó a una ambulancia hasta pasada la medianoche. 

En Barcelona los muertos ya suman cuatro y es especialmente perturbador el caso de Aramis Manukyan o, como lo llamaban sus amigos, Alik. Un joven armeno de 32 años, padre de una niña pequeña, que según la versión oficial se suicidó en su celda. Este testimonio fue cuestionado por otros internos que aseguran que fueron los mismos policías quienes lo mataron de una paliza. Los testigos afirman que Alik tuvo un efrentamiento desde su celda con los policías y ellos lo sacaron mientras lo agredían y lo llevaron a otra habitación. “Escuchábamos los gritos de Alik desde la galería del primer piso, después supimos que había muerto” comentó uno de sus compañeros al colectivo Cerremos los CIEs. Los testigos no pudieron testificar en el juicio porque fueron deportados a sus países, práctica que se ha dado en otros casos.

Los malos tratos no solo se han denunciado dentro de los centros, continuan hasta que la persona expulsada llega a su país de origen. A principios de este año se reveló un vídeo que mostraba como un ciudadano dominicano era golpeado violentamente delante del resto de pasajeros de un avión por una policía vestida de civil. El hombre grita desesperadamente que le suelten mientras la tripulación intenta evitar la intromisión de los pasajeros hasta el punto de pedir que dejen de grabar.

Lo cierto es que a pesar de lo crudo de las imágenes el empleo de la fuerza está permitido en estos casos según el protocolo de la Policía Nacional, así como una práctica aún más cuestionada: la sedación forzosa. Este no es un caso aislado, la Campaña por el Cierre de los CIE ha denunciado estas prácticas durante más de un año y existen otros testimonios como el de Alberto, un boliviano que también recibió una paliza tras negarse a ser deportado y rogó a las autoridades competentes que tomaran cartas en el asunto “porque los inmigrantes también tenemos derechos como los demás y no por eso nos pueden tratar como quieran”.

También fue conocido el caso de un hombre que finalmente no pudo ser expulsado después de que el capitán del vuelo en el que iba a embarcar se negase a llevar a nadie maniatado en su avión. A pesar de que no opuso resistencia en ningún momento, los policías no quisieron desatarle las manos y esto provocó su reingreso al CIE y posteriormente cumplió el plazo máximo de estadía lo cual le devolvió la libertad. Aunque no todo el mundo tiene esa suerte, 26.457 personas fueron expulsadas en el año 2012 según datos del Ministerio de Interior del Gobierno de España.

El fotoperiodista español Pau Coll hizo un reportaje sobre la vida de aquellos que habían vivido en sus carnes el paso por un CIE. Hibra, un senegalés de 34 años, resume en una sola frase la experiencia: “Yo pasé tres años en la cárcel y un mes y medio en el CIE; si quieren llevarme al CIE prefiero estar el doble de tiempo en la cárcel, es lo peor que he visto en mi vida.”